CARTA A LOS DOCENTES

CARTA A LOS DOCENTES ANTE

LA NUEVA LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓ

Por Adriana Puiggrós

NO BAJEMOS LOS BRAZOS

La promulgación de la Ley Nacional de Educación 26.206 y de la Ley 13.688 de Educación de la Provincia de Buenos Aires es un triunfo de los docentes, de la comunidad educativa y de todos los que durante quince años luchamos contra la política educativa neoliberal y es, también, el resultado de la profunda demanda que supieron escuchar el Presidente Néstor Kirchner, el Gobernador Felipe Solá y los legisladores que votaron a favor de esta nueva legislación.

Más de tres millones de personas de las distintas regiones bonaerenses, participaron y opinaron sobre los contenidos de leyes a través de la consulta que se realizó durante un año. Frente a la Legislatura de la Provincia, miles y miles de docentes y trabajadores permanecieron durante toda la tarde del miércoles 27 de junio de 2007 manifestando su apoyo durante el tratamiento de la Ley en ambas Cámaras. Cuidaban los principios educativos democrático populares que quedarían instalados.

Las leyes fueron aprobadas, pero no es la hora del descanso. Todos sabemos que la Ley marca un terreno, instituye derechos y deberes y establece reglas, pero es indispensable que se traduzcan en prácticas, interpretadas como ha querido la comunidad educativa. Por eso la lucha por sostener los principios que la Ley sustenta tiene enorme actualidad. Es necesario evitar la reinterpretaciones de sus términos de acuerdo a intereses particulares o concepciones distintas.

Un ejemplo fuerte es cómo algunos están usando el concepto de educación pública. Hay dirigentes que, a la hora de los votos o la competencia por los cargos, se desdicen públicamente de su fama de privatizadores de la educación, pero, cuidado, que para ellos lo público no es lo mismo que para nosotros. Quieren retomar los negocios que hacían con la educación, interferir las acciones legales que estamos llevando a cabo, volver a colocar en sus antiguos puestos a quienes participaron o miraron para el otro lado ante la impudicia de asociarse para el uso privado de la educación pública.

Ley marco que incluye el conjunto de leyes y medidas que apoya la mayor parte de los bonaerenses, algunas de las cuales parecían una utopía hace poco más de un año: la primera Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para la docencia provincial; la creación y puesta en funcionamiento de la Universidad Pedagógica, de la cual en setiembre egresará la primera promoción y comenzarán a funcionar cuatro postgrados nuevos en varios lugares de la Provincia; la capacitación docente en servicio, gratuita y con puntaje; la reestructuración del sistema escolar; el trabajo por lograr el saneamiento y transparencia de la gestión mediante la reforma administrativa, que fortalece la profesionalidad y los cargos del personal docente, auxiliar y administrativo, el uso de los organismos de la Constitución para el control de todos los convenios y licitaciones; el nombramiento por concurso de los secretarios técnicos de los consejos escolares; el plan permanente de auditoría y la reforma normativa que está en marcha para garantizar y acelerar los trámites sumariales, así como la concurrencia a la Justicia en todos los casos que lo ameritan.

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Conviene recordar algunas cosas y no perder la memoria. Durante la Dictadura Militar implantada en marzo del 76, muchos docentes fueron dejados cesantes y otros 460 docentes fueron desaparecidos. Durante quince años, muchos luchamos contra una política educativa que formaba parte de la concepción neoliberal de la sociedad y el Estado. Los docentes encabezaron con la Marcha Blanca y la Carpa Blanca, la protesta social contra un modelo económico signado por la entrega de los bienes materiales y simbólicos de la Nación, la destrucción de su planta productiva y del mercado de trabajo.

La desestructuración de los sistemas que componen el espacio público fue una de las metas de quienes consideraron/ran al Estado una carga inútil cuando se trata de pagar impuestos y cumplir con normas de bien común, pero a él recurren para conseguir prebendas y hacerlo objeto de rapiña. Así es como se dañaron el sistema de salud, de jubilación, de transporte, de comunicación y de educación.

En la década de 1990 se desplegó un modelo educativo coherente con la política económica libre-empresista, la reducción del Estado y la transformación de la educación en un elemento del mercado. El modelo educativo que primó en América Latina en esta década, y que persiste aún en varios países, puede caracterizarse como clientelístico - corporativo- privatizante.

Clientelístico porque primaron los intereses personales y particulares sobre la política pública. Corporativo porque dio lugar a la multiplicación de agrupamientos por intereses sectoriales, cuyo efecto pudo haber sido la división de la masa de los docentes, dificultando su unión en función del interés general si no hubiera actuado con fuerza la corriente democrático-popular de los educadores. Privatizante mediante varios mecanismos: la descentralización tendiente a municipalizar en dirección a entregar luego las escuelas estatales a los particulares; la “tercerización” de servicios y funciones educativos tales como la capacitación de los docentes, las actividades complementarias de la curricula básica, el control del servicio de salud de los maestros y profesores; la introducción en las escuelas de “negocios”, de lo cual el caso de la Escuela Técnica Nº 1 de Escobar es un ejemplo cabal.

El inicio de actividades lucrativas de aquella índole es posible donde persiste el argumento de la ineficiencia esencial e insuperable del Estado y las ventajas del mercado para mejorar la escuela. Pero la ilegitimidad, cuando no la ilegalidad en el uso de los bienes y el espacio público con criterios de mercado, tiene altas probabilidades de derivar en hechos de corrupción personal e institucional. Por eso es necesario que todos contribuyamos a instalar definitivamente una cultura de la transparencia, del respeto por los espacios públicos y del cuidado de nuestras escuelas.

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Después de muchos años de lucha social contra el modelo educativo neoliberal, a comienzos del año 2006 el Presidente Néstor Kirchner impulsó una discusión nacional por una nueva legislación educativa coherente con el cambio de rumbo en la política económica, social y cultural. La Provincia de Buenos Aires contribuyó con la opinión de millones de docentes, alumnos, familiares, trabajadores, empresarios, representantes de confesiones religiosas, intelectuales y profesionales y realizó una segunda consulta sobre la Ley Provincial.

Entre los principales resultados, la comunidad educativa provincial se pronunció por sostener el carácter de bien social de la educación, la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento y sostenimiento del sistema de educación pública, en la necesidad de universalizar el nivel inicial y extender su obligatoriedad desde los 4 años de edad, de reestructurar la educación primaria y secundaria, haciéndolas de 6 años cada y ambas obligatoria.

Junto a los aspectos doctrinarios que la Ley 13.688 contiene en el Tìtulo 1 y 2 (ver www.abc.gov.ar) los conceptos que organizan su concepción educativa son: sujetos de la educación (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores); bien social, sistema público, educación común, integración, saberes socialmente productivos y medio ambiente. Junto a estos conceptos, diría base también, contribuyamos a instalar definitivamente una cultura de nuestros pibes, de la transparencia, del respeto por los espacios públicos y del cuidado de nuestras escuelas.

La Ley establece mecanismos destinados a integrar a los sujetos de la educación a un único sistema, garantizando la terminalidad de los ciclos, el acceso de todos los sectores a todos los niveles y modalidades, la acreditación de trayectos y el reconocimiento de saberes adquiridos de manera no formal o en el trabajo, acorde con las más actualizadas tendencias actuales pero, en especial, con las demandas de los miles de bonaerenses que han encontrado obstáculos

El fundamento de esta concepción es el concepto de “educación común”, que se refiere al derecho a recibir la misma educación, el mismo capital cultural, y aquello de más que cada uno necesite de acuerdo a diferencias culturales, vocacionales, personales, regionales.

Por el contrario, el neoliberalismo educativo produce distinciones desde la base de la educación, focalizando sectores de clase, región o cultura y disponiendo senderos educacionales desiguales en cuanto a su valoración social y económica olvidándose del sentido que deben tener las políticas socioeducativas.

Quienes queremos una Argentina digna de ser vivida por nosotros y por nuestros hijos hemos rechazado ese tipo de educación. Hoy el clima político cultural ha cambiado y tenemos la posibilidad de reconstruir el sistema escolar y cuidar a nuestros pibes, a los que permanecen en nuestras aulas, a los que se ausentan por un tiempo y luego regresan, o tratan de seguir estudiando donde se les dé la oportunidad, a los que se han ido y no saben cómo volver o no pueden hacerlo.

Por esta razón es tan importante que en la nueva Ley esté la modalidad de interculturalidad pensada como una estrategia para dar lugar a cada chico y adulto, y hasta a los adultos mayores, a todos, haciendo de las diferencias una posibilidad de enriquecer la cultura. Démosle desde la escuela una mano a los más chiquitos y a quienes los cuidan cuando las mamás y papás van a trabajar, hasta que tengamos jardines para todos, porque la meta que impone la nueva Ley es que el Estado garantice jardines maternales y de infantes para todos los niños de la Provincia. Debemos luchar por alcanzar lo antes posible esta meta.

Durante el momento de mayor “raiting” de las ideas neoliberales se puso de moda hablar de la “sociedad de conocimiento”. Es correcto que en nuestra época el dominio de saberes científicos y tecnológicos mueve la actividad económica, social, política y cultural, pero está acompañado por una enorme concentración del poder, de quienes pueden comprar y monopolizar los saberes y determinar el tipo de producción agrícola e industrial de un país, la opinión pública, las normas de salud y alimentación, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo.

La Ley Provincial de Educación se refiere a la democracia pedagógica, oponiéndose a la concentración del conocimiento-poder y estableciendo principios y estrategias que permitan la democratización de la transmisión de la cultura y la valoración de los saberes socialmente productivos de todos los sectores. En esta dirección es que, entre otras estrategias de formación destinada a los docentes, comenzarán los cursos de capacitación con los mejores científicos e investigadores de reconocimiento nacional e internacional.

Es posible contribuir a mejorar nuestro presente y nuestro futuro construyendo una “democracia pedagógica”, pero su condición de posibilidad es la participación, en primer lugar, de los trabajadores de la educación defendiendo los derechos que la nueva Ley les otorga y de los alumnos de todas las edades, en especial de los que más obstáculos para estudiar han tenido, defendiendo su lugar en el sistema educativo. El que les garantiza la Constitución y el que les fue negado por políticas injustas.

Así como la democracia es un término equívoco si no hay trabajo con justicia social, la democracia pedagógica se llena de contenidos si todos tienen acceso a todos los niveles de saberes del trabajo, desde los más simples hasta los más complejos. Cuando nos pega fuerte la realidad de la Provincia no nos quedan dudas de la necesidad de luchar contra el trabajo infantil y juvenil, al mismo tiempo que capacitar a nuestros jóvenes para que se incorporen lo mejor preparados que sea posible a la temprana vida laboral que emprenderán la gran mayoría. Pero, compañeros docentes, tenemos que recuperar y transmitir el trabajo como valor, como formador de sujetos integrales y creativos.

¿Y el medio ambiente? La relación entre educación, trabajo y medio ambiente es crucial. Los mismos sectores que dominan la “sociedad del conocimiento” han logrado el crecimiento de la economía mundial a costa del medio ambiente, es decir de la casa de la humanidad. No serán quienes acumulan dinero y poder depredando quienes renuncien a los privilegios que alcanzan por esa vía. Pueden ser, en cambio, los millones de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que sufren las consecuencias, los que tomen conciencia de la posibilidad de contribuir a mejorar el futuro con su comportamiento cotidiano, con las elecciones de su estilo de vida y de su tabla de valores. Por eso la educación medio ambiental atraviesa la Ley y por lo tanto debe permear toda la actividad pedagógica.

Es posible que no se trate de una meta lejana avanzar hacia una “democracia pedagógica”, cuando existe, como ahora, un clima político cultural adecuado a la transparencia y la justicia. Pero requiere de la voluntad y el esfuerzo de cada uno desde su lugar. De esa manera iremos reponiendo la confianza entre nosotros y de la sociedad hacia quienes tenemos la responsabilidad de transmitir la cultura y si somos capaces, en conjunto, de sostener y construir el principio de la “democracia pedagógica” no podemos limitarnos a trabajar de bomberos frente a la injusticia y la desigualdad urgentes que dejaron las políticas neoliberales y la crisis, sino que debemos pisar fuerte en el terreno ganado para transformar la educación de la Provincia y contribuir a la transformación de la educación nacional, afianzando el lugar que otorga la Ley a los trabajadores y a los sujetos de la educación.

Compañeros docentes, hoy tenemos la posibilidad, y el desafío, de recuperar la pasión por enseñar, la pasión de aprender de nuestros hijos y la pasión por construir, de cara al futuro, la escuela que todos queremos.

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