Secundaria

La promulgación de la Ley N° 13.688 de Educación de la Provincia de Buenos Aires, es un logro de la comunidad educativa en su conjunto. Establece una nueva educación secundaria de seis años de duración y obligatoria, con tres propósitos fundamentales: propiciar la adquisición de saberes para continuar los estudios, fortalecer la formación de ciudadanos y ciudadanas y vincular la escuela y el mundo del trabajo a través de una inclusión crítica y transformadora de los alumnos/as en el ámbito laboral[1].

Con la intención de fortalecer las prácticas institucionales que permitan la concreción de la nueva escuela secundaria, se propone dar tratamiento al presente documento.

· Promover el cuidado, la preservación y la restauración de los bienes pertenecientes a toda la comunidad educativa; desalentando hechos de violencia, negligencia o descuido sobre equipamientos indispensables para el bienestar de la comunidad educativa y el normal desenvolvimiento de las tareas escolares.

· Alentar la planificación y puesta en marcha de acciones institucionales concretas enmarcadas en la Resolución 1.564/07.

Transcurrida más de una década de la implementación de la transformación del sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires y frente a los nuevos desafíos que la educación debe afrontar, la Dirección General de Cultura y Educación establece como línea de acción una propuesta pedagógica que otorga al nivel secundario un rol central en la formación de los jóvenes.

La sanción de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y la Ley Provincial de Educación Nº 13.688 en la Provincia de Buenos Aires, obliga a repensar los roles dentro de las instituciones, a cuestionarse acerca de las acciones de enseñanza y las formas en que se resuelven los conflictos; a buscar en definitiva, maneras de “hacer escuela” compatibles con los principios de obligatoriedad del nivel secundario, la concepción de los jóvenes como sujetos de derecho y la inserción social de los alumnos y alumnas.

Los documentos y las normas explícitas y/o implícitas que organizan la vida interna de las escuelas, tienen una compleja función: atender a las particularidades propias de cada institución y comunidad, garantizando además la inserción de esa escuela dentro de una realidad educativa mayor, con definiciones políticas y conceptuales que le den sentido y dirección a la propuesta de todas las escuelas secundarias de la provincia.

Puede ser útil pensar a las escuelas como instituciones de autonomía relativa, con capacidad para construir sentidos propios, pero sin que los mismos puedan derivar en la conformación de circuitos diferenciados, cristalizados en el desarrollo de una propuesta pedagógica que circule por fuera de las previsiones de la jurisdicción. En este sentido es posible identificar dos riesgos de desinscripción. El primero se manifiesta en el desarrollo de propuestas que excluyen a la institución de la normativa y planteos de la jurisdicción. A modo de ejemplo, decisiones institucionales que pongan en riesgo la obligatoriedad escolar, que es una política pública que atraviesa, da sentido y enmarca a todas las escuelas de la jurisdicción. El segundo implica una desinscripción del alumno -como sujeto de derecho- de la realidad social, en la medida que se termina adjudicando a estudiantes un grado de responsabilidad y sanción mayores a los que la ley les otorga fuera de la escuela.

Frente al desafío de consolidar una escuela secundaria obligatoria, con capacidad para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje consecuentes con sus fines, es necesario no sólo desarrollar diagnósticos sino también preguntarnos qué potencialidades emergen, de qué forma se construyen las imágenes del futuro de las nuevas generaciones, cómo reconstruir o potenciar la consolidación de expectativas comunes en la escuela secundaria.

En los últimos tiempos el sistema educativo expandió significativamente su matrícula, lo que implicó el ingreso de nuevos públicos en el nivel secundario. Sin embargo, un recorrido por diversas instituciones mostraría que pese a los intentos de diversos actores, en muchos casos persisten tradiciones que no necesariamente son pertinentes en las maneras de entender el uso de los espacios, la distribución de jerarquías o la forma de organizar la institución.

El día a día de la vida cotidiana escolar interpela sin embargo la capacidad de los adultos para pensar y construir respuestas que permitan transitar otras formas de gobierno escolar, aún en las aparentemente pequeñas cosas, las cuales son las que realmente dan cuenta de modelos de gobierno escolar más o menos democráticos. En este sentido, pensar la convivencia en la escuela secundaria, implica el desafío de tornar posible y grato ese “encuentro entre extraños” que la escolarización propone. Al intentar lograr una convivencia plural, basada en criterios democráticos, solidarios, de respeto entre las personas, sin discriminaciones de ningún tipo; al buscar garantizar el ejercicio cotidiano del ser ciudadano y su derecho a la educación, la Dirección Provincial de Educación Secundaria se propone “el desafío de lograr la inclusión para que todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia terminen la educación obligatoria, asegurando los conocimientos y herramientas necesarias para completar los estudios secundarios y continuar en la educación superior”[2].

La escuela secundaria debe ser el espacio de todos y todas las jóvenes. El hacerlo posible requiere de la necesidad de encontrar mecanismos que garanticen la oportunidad para que su derecho a la educación se convierta en realidad. Requiere asimismo hacer más habitables las escuelas, convertirlas en espacios propicios para el aprendizaje y la enseñanza. Esto demanda la asunción de responsabilidades desde diferentes niveles, tanto en lo que refiere a la adecuación de los edificios y materiales escolares para que permitan el normal desarrollo de las actividades educativas, como a la generación de criterios de apropiación y modos de uso que entiendan al edificio y recursos como bienes públicos a ser cuidados.

Diversas experiencias en las instituciones escolares muestran que existe una importante relación entre la valoración de la escuela y las posibilidades de generar un sentimiento de pertenencia, de integración a la institución entendida como comunidad. El aprendizaje cotidiano del estar con otros, de una ciudadanía activa y crítica basada en principios de respeto y solidaridad, propicia el involucramiento de los jóvenes con aquello que ocurre en sus escuelas y también genera vínculos sólidos con los ámbitos más cercanos como el barrio, la familia y las organizaciones sociales, así como un compromiso con los problemas del país.

El logro de un marco común que estructura las relaciones de los sujetos en la escuela debe partir de la idea de que todos los actores institucionales comparten una vida en común y necesitan, para apropiarse de su lugar y poder compartir saberes y conocimientos, sentirse parte de la escuela. Se trata no sólo de estar en la escuela sino más bien de ser parte de la escuela.

El grado de apego y pertenencia a la escuela secundaria posibilita, en quienes pueden apropiarse de la institución, mayores oportunidades de un uso del espacio escolar más autónomo, la construcción de vínculos de más horizontalidad y respeto entre jóvenes y adultos y la posibilidad de cuestionar algunos aspectos de la dinámica escolar.

Los Acuerdos de Convivencia -ya sea que estén establecidos o en proceso de construcción- deben aspirar a generar un sentimiento de pertenencia que refiera a una idea amplia de la comunidad educativa, en la cual el respeto sea el eje vertebrador de las relaciones entre los diferentes actores, con un énfasis en el derecho a la educación y en la comprensión entre y hacia los alumnos y colegas. La pertenencia a la comunidad permite ser igual y diferente a la vez, de allí que la reciprocidad sea un valor a ser enfatizado en la escuela. En definitiva, las percepciones, sensaciones y sentimientos que el paso por las aulas genera en los alumnos condicionan sus maneras de representar y percibir lo que la escuela puede efectivamente otorgarles y las maneras en que la convivencia se estructura en ellas. En este sentido, la enseñanza de nuevas concepciones que recuperen los bienes públicos como espacios “de todos”, deberá propiciar a su vez el abandono de concepciones instaladas que entienden lo público como “de nadie”, con todas las consecuencias de descuido y “desapropiación” que ello genera.

Un punto a destacar es la necesidad de organizar los usos y los tiempos del espacio escolar, de una manera tal que redunden tanto en el respeto por las actividades allí realizadas, como en la posibilidad de que los actores puedan apropiarse de las instituciones a fin de generar un sentimiento de pertenencia de mayor intensidad. Las distintas maneras de circulación, los usos de los tiempos y del espacio escolar expresan las posibilidades de apropiación de los diferentes actores en el ámbito escolar. Para esto es necesario desarrollar iniciativas de enseñanza que promuevan una manera de entender el espacio público escolar como espacio de toda la comunidad educativa en general y de los alumnos y docentes en particular.

El hecho de respetar los horarios de las actividades, así como los espacios donde se realizan, debe orientarse a hacer posible que el tiempo en la escuela sea efectivamente “valioso” y diferente al tiempo que transcurre en las actividades extraescolares. Asimismo, los bienes con los que se cuenta en la escuela, sean entendidos como instrumentos al servicio del bienestar del conjunto y cuidados en consecuencia.

En este aspecto es necesario plantear una separación y distinción entre violencia e indisciplina, tomando en cuenta que se han instalado discursos sociales –mediáticos principalmente- que entienden todo hecho de indisciplina como violento, aunque no necesariamente lo sea. La cuestión de la violencia tiene múltiples miradas y continuamente surgen conceptos “nuevos” para tratar de explicar “nuevos” fenómenos. Ese es el caso de lo que conocemos como violencia juvenil[3].

Analizar de qué manera el discurso de la violencia se instala en las representaciones que se tienen sobre la juventud, constituye un desafío para quienes trabajan en contacto permanente con jóvenes. No se trata de negar la existencia de nuevos escenarios que incluyen situaciones puntuales de violencia, pero tampoco de leer toda situación de conflicto o de indisciplina como muestra de violencia. El procesamiento de los conflictos, la presentación y tránsito de los disensos y el respeto de las diferencias, son sustanciales para la consolidación de una idea democrática vinculada a la justicia.

Al momento de pensar en acciones educativas, es vital fomentar espacios de escucha en las instituciones escolares, donde las voces de los jóvenes sean consideradas. Se propone que las acciones institucionales para dar tratamiento a la convivencia y al cuidado de los bienes públicos tomen en cuenta los siguientes aspectos:

· Respeto de las personas con las cuales se comparte la vida en común, tanto los compañeros como los adultos de la escuela. La institución escolar es un espacio donde ni la religión, el nivel socio-económico o la nacionalidad, etnia u orientación sexual, ameritan tratos despectivos. La demanda de respeto conlleva una demanda de reconocimiento. “Respeto a otro y espero que el otro me respete, respete mi individualidad”. “Soy igual y distinto al otro”. Esto implica evitar la agresión y el uso de la violencia como mecanismo de resolución de los problemas y generar espacios acordes para prevenirla, tanto como posibilitar la reflexión en torno al por qué del surgimiento de la discriminación.

· La escuela, en tanto espacio público que es de todos, debe ser respetada en su infraestructura, mobiliario y equipos. El daño a las instalaciones afecta la posibilidad de compartir un espacio común. La institución escolar es un espacio público, lo cual implica que es de todos y cada uno de los actores del sistema. Su preservación y cuidado redunda en la oportunidad de que cada uno pueda hacer efectivo su derecho a la educación.

· La reparación, en tanto principio retributivo, emerge como una posibilidad para generar en los alumnos un sentido de pertenencia institucional a partir del cuidado y la preservación de los bienes físicos de la escuela. La correcta utilización de los bienes muebles y las instalaciones de la institución, como así también el cuidado del material didáctico, constituyen una apropiación del espacio y una demostración concreta de la defensa de la escuela pública. La participación de los alumnos/as, sus familiares y los docentes y auxiliares en el desarrollo de acciones sistemáticas referidas al cuidado de la institución, propicia la expresión de actitudes coherentes con los valores de justicia y solidaridad que estructuran la formación y convivencia democráticas.

El sentimiento de pertenencia que genera la escuela en quienes a ella concurren y en la comunidad en su conjunto, precisa de un trabajo sostenido en el tiempo. En este sentido una de las maneras puede ser a partir de propiciar acciones orientadas a la ambientación del establecimiento. Estas actividades convierten al espacio escolar en un lugar más agradable y pueden tener dos grandes sentidos: generar un sentimiento de pertenencia y asumir responsabilidades de reparación en aquellos casos que sea necesario, por situaciones de falta de cuidado o uso indebido.

La resolución 1.564/07 otorga un marco que permite consolidar maneras de habitar el espacio público de la escuela por jóvenes y adultos, como también la posibilidad de prevenir conflictos que pudieran surgir como consecuencia de roturas del mobiliario y otros insumos del establecimiento. El énfasis en la construcción de una sensación de pertenencia, cuidado y responsabilidad respecto al bienestar en las escuelas hace más amigable el estar en ellas.

Por otro lado, en varios de los Acuerdos Institucionales de Convivencia reglamentados para el nivel Polimodal, se establecieron maneras distintas de sancionar las transgresiones. Por esa vía se intentó promover la participación de los alumnos y, en muchos casos, de sus familias o de la Asociación Cooperadora, en el Consejo de Convivencia responsable de determinarlas. En este camino, en las escuelas predominaron las acciones tendientes a evitar los mecanismos expulsivos reemplazándolos por normas que apelan a la reflexión sobre lo hecho y a la reparación. Tal como señala la resolución 1.564/07, deben establecerse reglas orientadas a la reparación de daños originados en situaciones de indisciplina o negligencia[4].

Es necesario no perder de vista que el límite y la norma deben estar siempre al servicio de la contención y el cuidado de los jóvenes, con todas las responsabilidades que esto implica además para los adultos, atento al rol que ocupen. Por lo tanto es posible que no todas las situaciones puedan se abordadas exclusivamente por los Acuerdos Institucionales de Convivencia.

1- Con posterioridad a la lectura del documento, proceder a la discusión en torno a las siguientes preguntas que buscan ser disparadoras, pero no agotar las posibilidades de análisis que se puedan dar en cada espacio institucional, según sus características particulares:

2- Una vez realizado el análisis de la situación institucional, planificar posibles acciones en torno a los siguientes ítems:

[1] Prediseño Curricular para la Educación Secundaria. Construcción de Ciudadanía – Documento de Trabajo

[2] Prediseño Curricular para la Educación Secundaria. Construcción de Ciudadanía. Pág.8

[3] Entendemos aquí por violencia juvenil “aquellos actos realizados por adolescente o jóvenes destructores de una realidad propia o ajena a ellos, tanto si las víctimas afectadas por sus actos son otros adolescentes o jóvenes, o personas adultas, o sus entornos y propiedades, privadas o públicas, individuales o colectivas....hay que recordar por un lado las conductas de autoviolencia, autolisis, suicidio, etc.; por otro la violencia padecida por los adolescentes y jóvenes a cargo de los adultos o de las instituciones” (Funes:1994).

[4] Resolución N° 1.564/07

[5] Resolución N° 1.564/07

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